Diez viviendas que hasta ahora formaban parte de los 55 alojamientos del municipio de Valladolid destinados a inclusión social se incluirán en el programa de alquiler para familias en situación de emergencia, es decir, para familias con situaciones de riesgo y “necesidades temporales” o que ya estén padeciendo una ejecución hipotecaría por impago y en situaciones graves de exclusión social.
Las diez viviendas disponibles formaban hasta ahora parte de la bolsa de 55 destinadas a alojamientos provisionales, de las que sólo están ocupadas 32, mientras que otras cuatro no están disponibles ya que están sometidas a reparaciones. De esas 32, durante 2013 se han resuelto favorablemente 16 nuevas solicitudes y se ha renovado la permanencia de otras 16.
La diferencia entre los sistemas de alojamiento provisional y de alquiler para familias en situación de emergencia radica en que el primero lleva aparejado el control y seguimiento de los servicios sociales, quienes se aseguran de cuestiones como que los beneficiarios no realicen actividades irregulares y que los hijos estén escolarizados.
La concejala de Bienestar Social, Rosa Isabel Hernández, ha explicado que algunas familias necesitadas no veían la necesidad de someterse a estos criterios de seguimiento, por lo que se ofertó un nuevo formato más indicado para ellas.
Otra diferencia son los plazos temporales. El programa de alojamientos provisionales tiene un límite de cuatro años mientras en los casos de alquileres para situaciones de emergencia el plazo inicial es de un año y puede prorrogarse hasta tres. La renta mensual determinada es de 1,7 euros por metro cuadrado al mes, por lo que una vivienda de 80 metros implicaría un alquiler de 136 euros. Además, el consistorio favorecerá, una vez firmado el contrato de arrendamiento de la vivienda, los trámites para obtener una ayuda “de emergencia” para gastos de primera ocupación, alta de suministros o adquisición de muebles y enseres básicos.
La cuantía para ayudas de emergencia para alquiler o hipoteca ha pasado de 445.000 euros en 2012 a 650.000 en 2013. En noviembre de 2012 comenzó su andadura el Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio, en colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, al que han acudido 218 personas, de las que 77 se han derivado al citado organismo regional, como encargada de la interlocución con entidades financieras. En la actualidad, se han cerrado 188 de los 218 casos atendidos.
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