La persistencia de la crisis económica está incrementando las dificultades de las familias para hacer frente a la renta de sus viviendas, incluso en aquellas que se han acogido a un alquiler social. En distintos puntos de la geografía española han aumentado los casos de impagos de alquileres sociales y algunos gobiernos locales y autonómicos están tomando medidas para reducir la presión económica sobre las personas afectadas.
Canarias: El 43% de las viviendas en alquiler social tienen deudas acumuladas
De las 5.042 viviendas alquiladas a familias con escasos recursos económicos en Canarias, 2.180 -el 43% del total- tiene deudas acumuladas -algunas de más de un año- con Visocan, la empresa pública del Gobierno canario que las gestiona. El precio de estos alquileres oscila entre los 50 y los 300 euros.
Hasta ahora no se ha desahuciado a nadie por no poder pagar ni está previsto que se haga, “los desahucios, que han sido muy pocos, son por otros motivos que no son los económicos, salvo algunas excepciones que se han solventado en cuanto hemos sabido que los impagos eran por la falta de ingresos”, aseguró Inés Rojas, consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
La desaparición de las ayudas estatales a la compra de pisos y la restricción de los bancos a conceder hipotecas motivaron al Gobierno canario a reconvertir en alquileres sociales las viviendas de que disponía para la venta. No obstante, Rojas dijo que se actuará ante los impagos que no se deban a causas económicas, ya que “hay familias con hijos que están esperando por uno de esos alquileres”.
La responsable de Vivienda hace un llamamiento a las familias que no puedan pagar a acudir a las oficinas de Visocan o de la Consejería de Vivienda para poder recalcular su deuda, de esta forma, “si pueden pagar dos euros, pues dos euros”. Incluso anima a que se presenten quienes dejaron de pagar el alquiler aún pudiendo hacerlo, pero ahora no pueden abonarlo por no encontrar trabajo. “Habrá gente que se asuste, que tenga miedo de venir por la deuda que tiene, pero es la única manera de poder conocer su situación y recalcular el alquiler”, insistió Inés Rojas.
En Zaragoza también se están dando problemas similares: la empresa municipal Zaragoza Vivienda ha tenido que asumir en su presupuesto más de 600.000 euros para hacer frente a la morosidad producida en los últimos años en los alquileres sociales. Ante esta situación, el ayuntamiento de Zaragoza ha decidido aplicar una rebaja generalizada a todas sus viviendas destinadas a familias con problemas económicos.
Está previsto establecer un máximo de alquiler para este tipo de pisos y otro tope que se concretará en función de los ingresos que percibe la unidad familiar. Se calcula que estas medidas supondrán un incremento de un millón de euros en las ayudas que se conceden.
País Vasco: Caseros retiran sus pisos del alquiler social por rebajar su precio
Por su parte, en el País Vasco, la rebaja del 30% que el Gobierno va a aplicar a lo que paga a los dueños de pisos de alquiler social supone un riesgo de que disminuya la oferta de este tipo de viviendas para las familias más necesitadas.
El Ejecutivo vasco ha reducido de 24,8 millones en 2013 a 19 millones en 2014 el presupuesto del programa Bizigune, un parque de 5.000 inmuebles adjudicados a inquilinos de las listas del Servicio Vasco de Vivienda. Este recorte implica disminuir de 650 a 450 euros el máximo mensual que reciben los propietarios, lo que puede disuadir a muchos de continuar en el programa de arrendamiento social o de apuntarse a él por primera vez.
Bizigune cobra un promedio de unos 300 euros mensuales a los inquilinos -a muchos de ellos, bastante menos-, pero esas familias tendrán que mudarse a otra parte si el inmueble donde han residido sale del arrendamiento social y el propietario aspira a cobrarles un alquiler de mercado libre, algo que muchas veces está fuera de sus posibilidades.
Íñigo Maguregui, ex director de Suelo y Urbanismo cuando en 2003 se puso en marcha Bizigune, afirmó que la posibilidad de que se reduzca la oferta de vivienda social se debe a que se ha bajado más las rentas a los propietarios “de lo que ha caído el mercado de arrendamiento”. Maguregui señala que el promedio de la disminución del precio del alquiler en el País Vasco ha sido de un 20% frente al 30% que impone el Gobierno vasco.
Por eso, “es de sospechar que sólo las viviendas peor mantenidas o peor localizadas se muestren dispuestas a entrar en el programa o a renovar en nuevas condiciones los contratos de alquiler”, escribió en su blog el ex director.
Más información
La Opinión de Tenerife: El 43% de los 5.042 alquileres isleños protegidos tiene deudas con Visocan
El Periódico de Aragón: Zaragoza bajará los precios del alquiler de vivienda social
El Diario Vasco: Caseros comienzan a retirar sus pisos del alquiler social al rebajarse la renta a 450 euros
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