Un abogado ha sido juzgado en la Audiencia de Valencia acusado de quedarse con el dinero del alquiler que debían recibir unos clientes suyos. Estos caseros tramitaban el cobro de la renta a través de este letrado y él indicaba que el inquilino, al que se había denunciado para desahuciarlo, no pagaba.
Se solicitan dos años de prisión para el acusado por un delito de apropiación indebida. La acusación considera que “no cabe duda” de que el abogado “hizo propias las mensualidades entre el año 97 y la actualidad, sin haber abonado el dinero a los propietarios herederos del local”.
El abogado, de 81 años, no acudió al juicio y su abogado indicó que era debido a que sufre problemas de salud y “no sale de casa desde hace más de diez años”.
Según la fiscal, la familia heredó un local comercial ubicado en la población valenciana de Algemesí, y contrató al abogado, al que conocía, con el fin de presentar, en 1995, una demanda de desahucio contra el inquilino.
Tras años de litigio, el inquilino acordó con el acusado pagar una renta de 220,97 euros mensuales por el local que abonaría al letrado para que la entregara a la familia, pero éste “incorporó a su patrimonio estas mensualidades” hasta acumular al menos una cantidad de 12.805 euros.
Un desahucio que se alarga y alarga
Los cuatro herederos del local contrataron al abogado para desalojar al inquilino del local porque se negaba a marcharse. “Llevamos al inquilino a juicio y perdimos. [El abogado] dijo que recurriría al Tribunal Supremo pero que eso tardaría muchos años en resolverse. Nunca nos dio dinero del alquiler y nos extrañaba que el asunto tardara tanto”, ha declarado una de las herederas en el juicio.
En 2009 los herederos quedaron con el abogado y éste, presionado, les dio “9.000 euros y una carpeta con el expediente para fotocopiarlo”. Al revisar los papeles, se enteraron de lo sucedido. “Habría sido más sencillo que hubiera admitido que el juicio que esperábamos lo habíamos perdido hace diez años y que había estado cobrando la renta, y haber resuelto cuentas”, ha afirmado, y ha insistido en que lo realmente adeudado asciende a “33.000 euros, sin intereses, correspondiente a 173 mensualidades de 220,97 euros desde 1997″.
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